Según la Dirección General de Tráfico, los objetivos fundamentales son reducir la siniestralidad, disminuir los límites máximos de velocidad de los diferentes vehículos –reducir la diferencia de velocidad entre vehículos de transporte de viajeros y mercancías respecto de los turismos– y avanzar hacia el establecimiento de un sistema vial seguro.
Las restricciones afectan a los casi 12.000 km de carretera con calzada de más de 7 metros de anchura. Durante los últimos 30 días se ha procedido a la retirada y cambio de más de 2.700 señales con los antiguos límites de velocidad, con un coste aproximado de 526.000 € (IVA no incluido).
El director general de Tráfico, Pere Navarro: “esta reducción de la velocidad debe ir acompañada de una mayor vigilancia y control por parte de las policías encargadas de la vigilancia del tráfico y de mejoras y actuaciones en el diseño de las infraestructuras por parte de los titulares de la vía”.
Por su parte el Director General de Carreteras, Javier Herrero, ha explicado que “uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Fomento es la seguridad en las infraestructuras de su titularidad, por ello, en plena colaboración con la Dirección General de Tráfico hemos ido sustituyendo la señalización en todo el territorio con el objetivo primordial de poder aumentar la seguridad viaria. Además, paralelamente, llevamos a cabo actuaciones para mejorar la propia infraestructura como refuerzos de firme, balizamiento, etc. Sin olvidar las nuevas carreteras que vamos poniendo en servicio”.
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