Etiquetas de la DGT: los fabricantes de motos reclaman cambios

Cuando la DGT “inventó” los distintivos medioambientales, lo hizo en primer lugar para los coches y no siguió ninguna directiva europea: se hizo para distinguir, aproximadamente, la mitad del parque móvil (de cuatro ruedas) más contaminante con la otra mitad de coches más modernos, de menor nivel de emisiones.

Se basaron en las homologaciones “Euro” y un tiempo más tarde decidieron hacer lo mismo con las motos. Si en los coches ya había errores, como esos coches “Cero” que realmente consumen (y contaminan) muchísimo, las etiquetas para las motos son un despropósito: una moto de hace 15 años tiene la misma (“C”) que una recién salida de la tienda, pese a haber pasado varias etapas Euro desde entonces. Los fabricantes, a través de ANESDOR, reclaman cambios.

ANESDOR pide cambios

Desde el sector se considera que se puede modificar el etiquetado de las motos nuevas sin que esto afecte a otros segmentos de la automoción: así se evitaría el agravante de que se comercializan actualmente motos que están recibiendo la misma etiqueta que las de hace 15 años a pesar de ser significativamente más sostenibles.

ANESDOR ha solicitado al Gobierno que a las motos Euro5 se les conceda una nueva etiqueta, que podría ser la D, o se las incorpore en la etiqueta ECO, actualmente desierta en las motos pues no hay técnicamente modelos que respondan a ella. La etiqueta C actualmente incluye a las motos desde la etapa Euro3, que se introdujo en el mercado en el año 2006. Desde entonces, los límites de emisiones se han reducido en un 60% en monóxidos de carbono (CO) y en 71% en hidrocarburos y óxidos de nitrógeno (HC+NOx). El esfuerzo de los fabricantes para conseguir este salto tecnológico contribuye a la sostenibilidad y eficiencia de los vehículos que tienen a su disposición hoy en día los ciudadanos.

Por otra parte Sería conveniente que la DGT recordara al resto de administraciones que las etiquetas de motos y coches actuales no son equivalentes. Esto evitaría algunas situaciones injustas, ya que son tratadas como iguales por desconocimiento técnico, especialmente por parte de algunos ayuntamientos. A juicio de ANESDOR, la necesidad de modificar la clasificación es imperiosa teniendo en cuenta que en 2023 todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que disponer de una normativa de restricción de acceso al centro de las ciudades.